Cuando aún perviven los rescoldos mediáticos del pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) sobre el pretendido derecho a objetar a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), parece oportuno discernir cuál es la cuestión que, bajo la máscara de debate jurídico, se ventila en la cruzada contra la misma, que adquiere tintes bélicos en el lenguaje de los edecanes de la causa ("la guerra no ha terminado", "seguiremos en la trinchera").
Tras el fallo del TS, es hora de aclarar la confusión, tan cara a quienes viven en la impostura. Este no es un debate de estrictos perfiles inconstitucionales. La reacción contra la asignatura, de nombre y contenidos tan presuntamente lesivos, ha estado acompasada con una suerte de resistencia/rebelión civil, erigiéndola en un espacio de confrontación ideológicamente elegido por los sectores más conservadores (preconciliares) de la jerarquía católica y por la derecha carpetovetónica para librar una batalla, con la asignatura como sordina y pretexto, contra un sistema al que profesan una disimulada aversión.
El PP, que podía hacerlo, no interpuso recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, se aprestó a comer el fruto con que le tentaba la jerarquía eclesiástica aliada con otros poderes terrenales, la erosión del gobierno del "socialismo laico" en forma de "rebelión en las aulas". A partir de ahí, comedias bárbaras y esperpentos. Eligieron la vía de la deslegitimación del orden normativo, despreciando los riesgos que ello entraña, actitud de irresponsabilidad democrática muy recurrente en la derecha española.
Una provisional y aparente cobertura jurídica han prestado las sentencias, extravagantes en su coherencia jurídica, que crearon el espejismo de existencia del derecho a objetar EpC, sin superar el test de contraste del TS. El verdadero triunfo es la imposibilidad de excluir una enseñanza basada en la ética pública, que corresponde al Estado, pues otra decisión comportaría la negación de valores axiales del pensamiento jurídico moderno, señaladamente la secularización de la vida política, sin que pueda desobedecerse una norma a resultas de la ética privada, del código moral propio.
Que nuestros jóvenes aprendan los principios y valores constitucionales, el significado de las ideas de igualdad, libertad, justicia y pluralismo, los derechos fundamentales y libertades públicas, el respeto a la dignidad personal, el rechazo a las discriminaciones, el valor del diálogo y de la solución pacífica de los conflictos, los procesos de decisión en las instituciones democráticas, como contenido de la ética pública ¿a qué y a quiénes puede dañar? Un país como el nuestro, lastrado por un pasado de adoctrinamiento dogmático y sectario, está obligado a sentar las bases de un futuro cívico sobre el respeto a los principios y valores de la ética pública, que es el contenido de la asignatura EpC. Por eso, desde el PSOE de Andalucía apelamos a la responsabilidad de los padres para que, tras la confusión, permitan a sus hijos volver a las aulas para adquirir, con los demás, los mejores fundamentos para impregnar de razón y convivencia nuestra vida pública. Como dijera Serrat, cargan con nuestros dioses, pero que no carguen con nuestros rencores y frustraciones.
Ángel Gallego es secretario de Educación y Universidades del PSOE de Andalucía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2009