Diciembre de 2008. Eran días frenéticos en el Ayuntamiento de Pinto. PSOE e IU, con el apoyo del concejal independiente Reyes Maestre, acababan de presentar una moción de censura. El gobierno del PP tenía los días contados y acusaba a los firmantes del pacto de defender "oscuros intereses". Paralelamente los populares continuaban tomando decisiones. Algunas de mucho calado para el futuro de la ciudad.
Una de ellas le ha costado a las arcas municipales nada menos que cinco millones de euros. El Ayuntamiento había ingresado a finales de noviembre esa cantidad fruto de un convenio urbanístico con los promotores de un desarrollo residencial. Sin embargo, tras presentarse públicamente la moción de censura, la entonces alcaldesa, Miriam Rabaneda, decidió renunciar a dicho convenio y devolver a los empresarios los cinco millones de euros que ya habían pagado como primer plazo del acuerdo.
Los empresarios exigieron el dinero tras presentarse la moción de censura
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El actual gobierno local -que tomó posesión hace un mes- considera que, con esa "jugada", el PP ha evitado que el nuevo ejecutivo pueda contar con una inyección económica esencial, dada la actual crisis económica. Y eso como parte de una estrategia que califican de "vaciado sistemático de las arcas municipales".
La historia de la renuncia a estos cinco millones de euros está trufada de polémica. Con el fantasma de la moción de censura planeando sobre el gobierno en minoría del PP, el ejecutivo local firmó con las empresas encargadas del desarrollo del proyecto Punctum Millenium -en el que se construirán 10.000 viviendas- una ampliación a un convenio suscrito en 2004 entre el entonces gobierno del PSOE y esos mismos empresarios. En el nuevo acuerdo, rubricado el 26 de noviembre del pasado año, los promotores se comprometían a ser más generosos con el Ayuntamiento de lo que lo fueron años atrás, cuando gobernaban los socialistas: pagarían al Ayuntamiento 39,8 millones de euros, en vez de los 32,3 millones pactados años atrás.
Además, el primero de los pagos, de algo más de ocho millones, debía producirse durante los dos meses siguientes a la aprobación definitiva del planeamiento de dicho barrio, trámite que ya había llevado a cabo la Comunidad de Madrid. Inmediatamente después de firmarse el acuerdo, el Consistorio ingresó un primer plazo de 5 millones de euros.
Apenas una semana más tarde, el 5 de diciembre, los portavoces de PSOE, IU y Juntos por Pinto -este último, compañero de gobierno de los populares durante medio año- firmaban en secreto y ante notario un acuerdo de 100 puntos, germen de la moción de censura que presentaron el 9 de diciembre con el objetivo de desalojar al PP del Ayuntamiento.
La perspectiva de un cambio de gobierno provocó un terremoto. El mismo día 9 de diciembre los promotores que habían suscrito el acuerdo con Rabaneda solicitaron por escrito la anulación del convenio y la devolución de la cantidad que habían pagado. Al día siguiente volvieron a presentar un nuevo escrito en los mismos términos.
La reacción no se dejó esperar. Cuarenta y ocho horas después de la presentación pública de la moción de censura, la entonces alcaldesa del municipio firmó un decreto en el que ordenaba la devolución de los 5 millones abonados por los empresarios.
La ex alcaldesa Miriam Rabaneda y actual portavoz del PP de Pinto justificó su decisión en tres cuestiones: en primer lugar, que el convenio no se había publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid -aun-que ya se había dado orden de hacerlo-; en segundo lugar, que no había sido aprobado por el pleno, y, por último, que la Comunidad de Madrid aún no había publicado el planeamiento del barrio, a pesar de haberlo aprobado el 6 de noviembre. Los populares renunciaban así a un convenio que ellos mismos habían firmado sólo 15 días antes y, de paso, retiraron de un plumazo cinco millones de euros de las arcas municipales.
En este contexto, el alcalde de la localidad, el socialista Juan José Martín, acudirá hoy a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla para responder de las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias realizadas por el PP. El martes les tocará el turno a los portavoces de IU y de Juntos por Pinto, Carlos Pénit y Reyes Maestre.
Precisamente Maestre, que pactó con el PP al comienzo de la legislatura y fue clave después en la aprobación de la moción de censura, continúa en el ojo del huracán. El pasado jueves fue denunciado por un joven de 16 años por agresión durante un pleno municipal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2009