Los primeros fueron los gitanos rumanos. Deshacerse de ellos no fue tarea complicada, poco ruido por parte de las instituciones europeas y de la sociedad civil italiana.
Los segundos fueron los inmigrantes irregulares, a quienes, por fin, se ha conseguido criminalizar y sobre quienes se tiene la mano libre para encarcelar, expulsar y multar. Y por si todo esto fuese poco, se obliga a los médicos, decreto mediante, a romper su juramento y denunciar a todo inmigrante irregular que ose solicitar un servicio sanitario. Se plantea la duda de que si la finalidad es detener a los inmigrantes o espantarlos del sistema sanitario.
Los terceros fueron los inmigrantes regulares, que han de pagar el doble por las tasas de renovación de sus permisos, una especie de canon al señor por vivir en su territorio.
Los cuartos fueron los vagabundos, quienes viven con las migajas del sistema y no le piden más, si acaso salvarse de la exclusión.
Habrá nuevos grupos de víctimas, de perjudicados y tratados de maneras al límite de la legalidad, de la constitucionalidad y, sobre todo, de manera inmoral.
No es una cuestión de los submundos que no afecta al resto de la sociedad, es el inicio de la implantación del Estado policial y la quiebra de los valores democráticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 2009