En la actual situación económica en que vivimos, se habla de que lo que está haciendo o dejando de hacer el Gobierno no es lo correcto, pero muy pocos dan soluciones concretas. Pues bien, hace unos días oí en la radio proponer una solución para eliminar la deuda que las Administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autonómicas, Gobierno central) mantienen con las pymes, autónomos y empresarios.
Consiste simplemente en que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) se haga cargo de dichas deudas, estimadas según Duran i Lleida, en su comparecencia del 10 de febrero en el Congreso de los Diputados, en 33.000 millones de euros, ¡treinta y tres mil millones de euros! No ha mencionado cuántos afectados hay, pero la cifra debe ser en proporción a la anterior.
Parte de los adeudados, los que han podido, han descontado en forma de reconocimiento de deuda, otros han tenido que pedir crédito o préstamo a alguna entidad financiera para capear el temporal, en ambos casos con aval personal y otros están esperando angustiosamente a que les paguen, con una media de nueve meses, llegando incluso a darse casos de más de dos años de retraso en el pago.
Con esta solución, primero, se aliviaría la situación económica de muchas familias. Segundo, se liberaría crédito de entidades financieras para otros menesteres. Tercero, al ser las Administraciones públicas las deudoras no sería necesario avalar al ICO, pues sería una incongruencia que el ICO, organismo oficial, no se fiara del cobro de las Administraciones públicas. Cuarto, las Administraciones se liberarían de una carga temporalmente, al no tener que estar continuamente dando excusas en el mejor de los casos, o no dando la cara o toreando a los afectados en el peor de los casos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 2009