El Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia ha impuesto a Endesa una multa de 260.000 euros por el supuesto abuso de posición dominante en el mercado, tras la denuncia de una pequeña distribuidora, Electra Caldense, que sostenía que la primera eléctrica española le negaba el acceso a la red de distribución en algunas zonas de Cataluña.
El órgano catalán que arbitra en competencia impuso la sanción a Endesa el pasado 5 de noviembre y la eléctrica la ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según confirmó la empresa.
El gerente de Electra Caldense, Oriol Xalabarder, apunta que presentó la denuncia en 2004, cuando su compañía, con 12.000 clientes y afincada en Caldes de Montbui (Vallès Oriental), trataba de abrirse mercado en las zonas del Bages y Lleida. "Endesa no nos daba acceso a la red de distribución, lo entorpecía, y lo retrasó mucho", explica. Esta práctica, añade, continuó en los años siguientes, aunque los pasados mayo de 2008 y enero de 2009 se firmaron ya los convenios necesarios con Endesa para subsanar la situación.
"Se considera probado que la actuación de EDESLU (Endesa) como gestora de la red de distribución no ha sido diligente ni de acuerdo con su responsabilidad, ya que en diferentes etapas de la tramitación ha alargado innecesariamente los tiempos y ha establecido obstáculos no previstos por la ley y sin ninguna justificación", señala la resolución del tribunal catalán cuando analiza los hechos mercado leridano.
Pequeños rivales
Endesa controla en Cataluña la práctica totalidad del mercado, aunque algunos pequeños distribuidores y comercializadores operan de forma muy localizada en algunos puntos de Cataluña. Es el caso de Electra Caldense, con clientes en Caldes, Sentmenat, Sant Feliu de Codines y Sabadell, entre otras poblaciones.
Las quejas de estos pequeños rivales han llevado a Endesa a recibir otras multas del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia. La última, hecha pública el pasado abril, constituyó una sanción de 82.000 euros también por un supuesto abuso de posición de dominio, en un conflicto con promotores por el coste de las obras para llevar la luz o ampliar la potencia en inmuebles.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de febrero de 2009