El Ministerio de Educación y Política Social recalcó ayer a este periódico que son las comunidades autónomas, y las diputaciones en el caso de Euskadi, las que tienen las competencias "en exclusiva" en materia de protección de menores y que, por ello, no puede obligar a las demás comunidades a acoger a menores extranjeros no acompañados. De forma paralela, la Diputación de Guipúzcoa secundó la petición de la institución foral alavesa de que el Gobierno central tome cartas en el asunto y regule el reparto de los jóvenes por las comunidades autónomas, para evitar que la carga sea asumida sólo por algunas de ellas.
Nadie parece tener la solución al problema. El ministerio ni siquiera sabe cuántos jóvenes inmigrantes viven actualmente en España. Un portavoz ministerial explicó que, si bien la competencia es exclusiva de las autonomías, se está buscando la colaboración de los demás gobiernos regionales para dar salida a los menores en Canarias, donde cada día son más los jóvenes que pisan las islas después de jugarse la vida en una frágil embarcación para cumplir su proyecto migratorio. En este caso, el Ejecutivo central ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno canario que incluye una partida de 15 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado y el compromiso de buscar la colaboración de las demás comunidades autónomicas para acoger a algunos de los menores inmigrantes.
El portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, Eneko Goia, reclamó ayer que el Ejecutivo central "distribuya las cargas" para que no se produzca un desequilibrio entre los territorios, informa Efe. Goia precisó que la institución foral tiene que hacer frente a un esfuerzo considerable en recursos para poder atender a los 230 menores extranjeros no acompañados que actualmente residen en esa provincia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de febrero de 2009