La Consejería de Economía y los representantes de los partidos políticos expresaron ayer sus discrepancias en materia de política tributaria y medidas fiscales aunque manifestaron cierto visos de acuerdo en medidas relacionadas con el ahorro energético en la administración andaluza o el establecimiento de planes de austeridad. El secretario general de Economía de la Consejería de Economía, Antonio Avila, la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, se reunieron con representantes de PSOE, PP e IU en el segundo encuentro para alcanzar un pacto para afrontar la crisis.
Según explicó Avila, en esta segunda reunión, tras la primera celebrada sobre la metodología sobre cómo negociar, se informó por parte de la Junta sobre los límites del presupuesto. Se dieron también datos sobre el estado de las cuentas a febrero. También se empezaron a abordar contenidos, referidos a asuntos sobre fiscalidad y política tributaria, planes de austeridad, planes de ahorro energético en el sector público y posibles planes para agilización de trámites administrativos. En materia presupuestaria, la Junta recordó que el margen de las medidas actualmente lo da el presupuesto de la Junta para 2009, aunque reconoció que el nuevo sistema de financiación puede aportar un colchón y una entrada adicional de fondos para estas medidas contra la crisis.
Ahorro energético
Avila reconoció que en materia de fiscalidad "no ha habido planteamientos coincidentes entre partidos y Junta y es un camino en el queda mucho por recorrer", mientras que sí se detectan posibilidades de avance y de acuerdo en medidas que articulen planes de austeridad y límite del gasto público, sobre los que se ha pedido a los partidos que concreten y hagan llegar posibles medidas a lo largo de esta semana, y medidas sobre ahorro energético en las administraciones, que se podría cifrar en un 30%, sobre las que "puede existir acuerdo" y sobre las que la Junta hará llegar a los partidos alguna propuesta la próxima semana.
El representante de la Junta recordó que existen propuestas lanzadas por el PP, como reducción de consejerías, del número de altos cargos al 50% y reducción del gasto corriente en un 20% en las que no hay acuerdo y que en el caso de la tercera "podría afectar a la prestación de servicios sociales básicos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de febrero de 2009