Las iniciativas que con prodigalidad se publicitan en las campañas electorales tienen un coste económico. En unos casos se precisa el importe, pero generalmente este dato queda archivado en ese limbo donde se cree que van las promesas hechas en vísperas de la llamada a las urnas. Más raro todavía es que se precise, como debería hacerse, el coste de cada actuación propuesta y, además, cómo va a financiarse. Qué partidas actuales de las cuentas públicas van a recortarse o a qué nuevos recursos -endeudamiento, aumento de la presión fiscal- se acudirá para financiar las numerosísimas y ambiciosas actuaciones propuestas en materia de empleo, sanidad, educación, vivienda, innovación, infraestructuras o impulso de la economía.
No espere el elector encontrar tales detalles en los programas de los partidos con posibilidades de encabezar el Gobierno, aunque resultan inexcusables cuando el mordisco de la crisis está reduciendo a pasos agigantados los ingresos públicos. Dicha cuantificación está ausente en los del PNV, PP y PSE. En los dos primeros, de forma absoluta, mientras que los socialistas evitan tasar el coste de sus iniciativas, aunque plantean sumariamente emitir 3.300 millones de deuda pública y hacen una referencia no más extensa a una "fiscalidad progresista".
La política fiscal es la otra gran ausente en los programas de los grandes partidos. Se podrá argüir que la competencia en materia de impuestos reside en las Juntas Generales de los territorios, pero tan exquisito respeto por parte de partidos que están también en esas instituciones huele a escapismo. Dos de los partidos pequeños, EB y, sobre todo, Aralar, sí se han atrevido a propugnar sin ambages una subida global de la presión fiscal, con alzas en las plusvalías, el Impuesto de Sociedades y el de patrimonio. Quizá porque son minoritarios.
La concepción de los programas electorales como compromisos que obligan con fuerza de ley está poco arraigada entre nosotros. Partidos y electores saben que casi nadie decide su voto por promesas voladizas. En cuanto a la pregunta de quién las va a pagar, la duda ofende.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de febrero de 2009