Sobrarían dedos de una mano para citar personajes públicos actuales con una trayectoria política homologable a la de la alcaldesa -¿vitalicia?- de Valencia, Rita Barberá, y desde luego no es citable ninguno de la derecha que, ni de lejos, se le pueda equiparar. Hoy por hoy es el valor conservador valenciano más acreditado en el marco estatal, y a ello han coadyuvado no solo las cinco legislaturas hegemónicas -y lo que te rondaré, morena- al frente del Ayuntamiento, sino también la larga y densa hoja de servicios a la causa -la suya- que con rigor y amenidad describe el periodista Salvador Barber en el libro biográfico no autorizado La dama de rojo de la España azul (La esfera de los libros), de reciente aparición. No ha de chocarnos, pues, que por galones y autoridad haya reaccionado con bravura en defensa de su partido, puesto en la picota por el juez Baltasar Garzón.
La eminente edil, por lo general prudente en sus manifestaciones, no se anduvo por las ramas en esta ocasión al declarar que "el Estado de Derecho se está pudriendo en España", lo que, dadas las circunstancias procesales en que está inmerso el presidente Francisco Camps y otros altos gerifaltes populares, hay que interpretar como una embestida contra el Gobierno socialista, responsable a su juicio de la caza de probos cofrades y otros presuntos chorizos en calculado demérito del partido gobernante de las comunidades madrileña y valenciana. Un ataque en sintonía por su acritud con el que está desplegando la cúpula dirigente del PP y su mariachi mediático para sacudirse el aluvión de imputaciones a propósito de las corrupciones y corruptelas que va destapando el indomable magistrado.
Sin embargo, y al margen de las intenciones del mentado desahogo, creemos que la portentosa munícipe tiene toda la razón del mundo, y hasta es muy posible que se haya quedado corta, pues bien hubiera podido afirmar que el Estado de Derecho está podrido, sin gerundios atenuantes que valgan. Todo depende del grado de transparencia y justicia que se les pida a los órganos de Gobierno e instituciones públicas, y en este aspecto, más allá de la eficacia de la denuncia, hay que ser claro a la hora de señalar con el dedo y maximalista al tiempo de pedir responsabilidades. Lo que nos lleva -y toléresenos la obviedad- a sentar en el banquillo a la clase política en su conjunto, incapaz de haber moderado razonablemente, después de tantos años de democracia y prosperidad, las carencias materiales y corporativas del poder judicial, tan devaluado, principal garante de ese invocado Estado de Derecho.
De haber funcionado éste de acuerdo con la sociedad evolucionada en que se nos tiene y el civismo que se nos otorga, la singular munícipe que glosamos, por ejemplo, no hubiera podido perpetrar impunemente las alcaldadas sin menoscabo de su crédito electoral y prestigio. Adjudicar a dedo año tras año más del 70% de la inversión municipal, tal como constatan las sucesivas auditorias, revela una gran habilidad para pasarse por el forro la ley de contratos, la publicidad, la concurrencia y demás garantías, pero también denota una perversión que contribuye a la putrefacción del Derecho que la singular dama lamenta. Tan solo es una ilustración del divorcio entre el discurso y la praxis, del cinismo, en suma, como el de nuestra alcaldesa, compañera que fue en menesteres periodísticos en tiempos de María Castaña.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de marzo de 2009