Siete de cada 10 mujeres que intentan llegar clandestinamente a España desde África sufren violaciones, vejaciones, maltrato y explotación. Su viaje, a través de las rutas del norte de África hacia Canarias o el Estrecho, puede durar una media de tres años desde su lugar de origen.
Por su condición, doblemente determinada por el hecho de ser pobres y mujeres, están expuestas a quedarse embarazadas por el camino, fruto de las violaciones de los policías y militares marroquíes o de sus compañeros de viaje. Un gran número aborta sin ninguna asistencia médica. Otras llegan a España en avanzado estado de gestación para ser luego deportadas, no siempre a su país de partida.
Las nigerianas se comprometen a pagar una deuda por un viaje que dura unos tres años, de entre 30 y 50.000 euros, a los tratantes de mujeres que las explotan sexualmente durante años, hasta que consideran que la han satisfecho. Estas redes se deshacen de ellas cuando no les resultan rentables y no dudan en asesinarlas. Ellas únicamente buscan unas condiciones de vida mejores. Huyen de las necesidades y de los conflictos bélicos en los que, también, son las víctimas preferenciales. Buscan lo que cualquier ser humano anhela y necesita, pero se topan con la violencia y la incomprensión.
Sus derechos son invisibles, como ellas mismas. Y encima, la criminalización del inmigrante en nuestro país, que desatiende con frecuencia sus peticiones de asilo, ayuda a mantener esta violencia extrema contra las mujeres que llevan la sospecha impresa en el color de su piel. Tuvieron la mala suerte de nacer en el lado malo del mundo, y los del lado bueno no parecemos dispuestos a ayudarlas a cambiar su terrible destino. Las condenamos a permanecer invisibles, para no ofender nuestra civilizada sensibilidad occidental.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de marzo de 2009