Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (TSJ), defendió ayer la gestión realizada por el juez Baltasar Garzón en la tramitación del auto que afecta al presidente Francisco Camps en el caso Gürtel. "A pesar de que un juez no esté, el juzgado puede seguir funcionando con el personal disponible, como son secretarios o funcionarios", afirmó. El PP añadió a su lista de reproches a Garzón el de abandonar el juzgado sin ejecutar el envío al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la parte de la investigación que afecta a cuatro implicados valencianos. En la trama Gürtel están implicados, además de Camps, el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex consejero de Justicia, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.
Pocas horas después de la intervención de Bravo, la Audiencia Nacional confirmó que ayer mismo las nueve cajas con las fotocopias de la documentación y las copias de audio fueron cargadas para enviarse al TSJ. Según fuentes de la Audiencia Nacional, "se ha podido remitir en tan breve plazo de tiempo gracias al esfuerzo extraordinario del personal del juzgado".
Gabriela Bravo se reunió ayer en la sede del TSJ con magistrados de este órgano, bajo la presidencia de su máximo representante, Juan Luis de la Rúa. Clamorosa fue la ausencia de Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien había anunciado su presencia. Un problema personal de última hora fue la explicación que Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, dio para excusar a De Rosa. Respecto de las preocupaciones que los jueces le trasladaron a Bravo, la prioridad fue solicitar la inmediata reforma de las instalaciones del TSJ.
Los magistrados le hicieron saber que trabajan con "grandes deficiencias, falta de despachos, verdadero hacinamiento y condiciones de salubridad mínimas". Los magistrados le trasladaron también a Bravo las cargas de trabajo que asumen; le pidieron más plazas de especialistas tanto de lo contencioso como de lo social; y la necesidad de reformas legislativas para desjudicializar algunos temas de registros civiles o de jurisdicción voluntaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de marzo de 2009