La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) y otras ocho asociaciones de empresas que operan en el puerto serán investigadas en el próximo año y medio por dificultar la actividad de terceros en el recinto. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) anunció ayer esta investigación tras admitir que "existen indicios racionales" de que en el puerto de Barcelona se llevan a cabo "conductas prohibidas" que restringen la competencia.
El expediente sancionador se abre después de que, en septiembre de 2007, presentara una denuncia la Asociación Mediterránea de Transportistas de Contenedores e Intermodal (Ametraci). La sanción a la que se exponen el puerto y las centenares de empresas implicadas puede llegar a ser de hasta el 10% del negocio conjunto del puerto, los empresarios de las asociaciones ALTC, TRANSCONT, ARCE, ATEIA, la de estibadores y la de consignatarios, más el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas y el Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo.
El puerto presentará alegaciones al expediente, del que "discrepa". La APB defendió su derecho a "ordenar el transporte terrestre de contenedores dentro del recinto portuario", a través del Plan Proatrans, que en 2006 pactaron todos los agentes del puerto para acabar con las "prácticas irregulares" en el transporte terrestre de contenedores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de marzo de 2009