La Ley de Barrios, la primera que hizo en su día el tripartito como muestra de su voluntad socialdemócrata, sigue andando. Las cinco primeras convocatorias han servido para la renovación de 92 barrios, pertenecientes a 77 ciudades, todas ellos de un relativo peso y, por lo tanto, cierto potencial económico. La sexta convocatoria, aprobada ayer con un importe de 99 millones de euros, se abre a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y, para ello, cambia las proporciones de las ayudas. Hasta ahora el Gobierno catalán aportaba el 50% y el municipio que recibía la ayuda debía sufragar otro tanto. En los casos de poblaciones de menor tamaño la aportación de la Generalitat será del 75%. Además, las localidades que ya se han beneficiado de una ayuda pueden optar a un complemento si se trata de consumar las mejoras iniciadas.
Los 99 millones aprobados ayer se distribuyen en tres paquetes: uno de 65 millones que mantiene los mismos criterios seguidos hasta ahora, es decir, aportación a partes iguales por el Gobierno catalán y el local beneficiario de la ayuda. Un segundo bloque de 30 millones para las localidades de menos de 10.000 habitantes y un tercer paquete de cuatro millones para ampliación de actuaciones en barrios que ya se beneficiaron de programas anteriores, siempre que hayan terminado la intervención comprometida.
Con estas medidas se mantendrán en torno a las 100 actuaciones las que se estén realizando en cada momento, teniendo en cuenta que las obras duran, con frecuencia, más de 24 meses.
Hasta el momento se han invertido en ayudas a barrios 990 millones de euros, la mitad por parte del Ejecutivo autonómico. El 55% de los proyectos aprobados han recibido ayudas superiores a los 10 millones de euros. Las más bajas, el 14% de los casos, no han superado los cinco millones. Estas ayudas van dirigidas a posibilitar la actuación en núcleos antiguos (éste ha sido el caso del 45,7% de las actuaciones) y también a polígonos residenciales construidos en las décadas de 1960 y 1970, en no pocos casos sin estructuración social y con escasos equipamientos. Este tipo de ayudas representan el 30% de las concedidas en las cinco convocatorias ya realizadas. El resto de ayudas han ido destinadas a zonas de urbanización muchas veces rozando lo marginal y, casi siempre, sin planeamiento urbanístico previo a la construcción de las viviendas.
En no pocos casos, la actuación de la ley de barrios se ha visto reforzada por otras inversiones de los departamentos de Salud, Educación y otros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de marzo de 2009