El juez que investiga el caso de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, además de la posible existencia de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar una pieza separada y centrada en un supuesto caso de tráfico de influencias.
Esta investigación judicial se abrió en septiembre de 2007, al hilo de las escuchas policiales a las que fueron sometidos los dos funcionarios del Consistorio imputados que supuestamente manejaban recibos falsificados, Rafael Santano y Juan Díaz. En esta causa paralela, el juez trataba de saber si ambos trabajadores habían manejado información privilegiada sobre una futura recalificación de terrenos en un área conocida como San Juan. Finalmente, el juez entiende en su auto que no se deducen indicios racionales de criminalidad por parte de Santano y Díaz, pues no aparece debidamente justificada la perpetración del delito.
El auto coincide con otra decisión sobre el Ayuntamiento de Baena. El informe encargado a la empresa Tinsa por el juez, dentro del caso de facturas falsas, afirma que los precios de los 12 recibos sospechosos coinciden con el precio de mercado de los conceptos que señalan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de abril de 2009