Según la encuesta de la Agencia Tributaria del año pasado, el 49% de los españoles justifica el fraude fiscal. Las empresas pueden establecer legalmente su sede central en un paraíso fiscal. Un ciudadano, no. Un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda revela que cada año se dejan de recaudar casi 90 millones de euros en impuestos.
Por una parte, nos encontramos con que España es el país de la Unión Europea que menos invierte en los mecanismos de control tributario: hay un funcionario por cada 1.680 contribuyentes.
Por otra, incluso damos facilidades. Tenemos la fórmula SICAV -sociedades de inversión de capital variable-, el paraíso fiscal en casa. Con el objetivo de evitar la fuga de capital a Caimán o Luxemburgo, el Estado ofrece a las SICAV un trato tributario especial: pagar un 1% a razón del impuesto de sociedades (el equivalente a la renta para las empresas), en lugar del 30% que marca la ley.
Cuando se habla de fraude fiscal suele pensarse en economía sumergida. ¿Quién iba a decir que el Estado facilitaría la evasión de impuestos? Eso sí, sólo a los más ricos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de abril de 2009