El bloqueo de la directiva europea de liberalización de servicios portuarios ha descafeinado el proceso impulsado en España con la nueva Ley de Puertos, una de las reformas que reclama el empresariado. Ésta es una conclusión a la que llega la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en su informe sobre el anteproyecto de ley, donde critica que la apertura queda "tibia" en cuanto a la manipulación de mercancías e incluso "puede implicar un retroceso".
El anteproyecto alude "expresamente" a la no aprobación de la directiva como "causa del frenazo al proceso liberalizador", según Competencia, cuando "lo idóneo hubiese sido seguir impulsando la liberalización con o sin directiva".
La CNC cuestiona la conveniencia de la vuelta a la titularidad pública de los servicios portuarios, que pasarán a prestar los operadores privados en régimen de gestión indirecta, salvo ciertas condiciones en que lo hará la respectiva Autoridad Portuaria. Además, critica que "no avanza suficientemente" en la liberalización progresiva del servicio de manipulación de mercancías y mantener el régimen de exclusividad de las entidades que proveen de estibadores, lo que supone "un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes".
El organismo, que publicó ayer el informe, admite que la ley remitida finalmente al Congreso de los Diputados ha incorporado "parcialmente" sus observaciones (aunque no concreta cuáles), pero advierte de que el rechazo a otras "puede distorsionar de manera importante la competencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de abril de 2009