El Síndic de Greuges y ex vicepresidente de las Cortes, José Cholbi, no será indemnizado por su cese como parlamentario en las Cortes Valencianas. Lo dice un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), hecho público ayer, que reconoce la potestad de la Cámara para aprobar un reglamento de pensiones para los ex diputados pero corrige la decisión de la Mesa de conceder al Síndic más de 130.000 euros como finiquito porque no reúne los requisitos.
El CJC defiende en su dictamen que de los 25 ex parlamentarios que han solicitado este pago, sólo 23 tienen derecho a ello. Ni Cholbi ni el ex diputado socialista Francesc Colomer, que lo pidieron en su día, podrán cobrar la indemnización porque renunciaron a sus actas de diputado una vez elegidos y de forma voluntaria para desempeñar otro cargo público. A este pago sólo tienen derecho quienes habiendo sido parlamentarios no salieron elegidos para un nuevo mandato.
El órgano consultivo de la Generalitat pide a la Mesa de las Cortes o a la presidencia que concrete los trámites para el reconocimiento del derecho y que revisen uno a uno los casos de los otros 23 ex parlamentarios por si se diese alguna incompatibilidad.
En una reciente entrevista concedida por José Cholbi a EL PAÍS, tras su nombramiento como Síndic de Greuges, éste defendía su petición: "He estado 26 años en la vida parlamentaria y existe una legislación al respecto. No me he salido ni un milímetro de lo que marca la legislación", dijo. Y no se quedó ahí. Ante la insistencia del periodista, que le preguntó si esta indemnización no le parecía exprimir excesivamente su condición de cargo público, Cholbi replicó: "No se trata de exprimir absolutamente nada. Se trata de que yo tengo unos derechos legales, que son consecuencia de un trabajo con profesionalidad y honestidad, y siempre con dedicación exclusiva. La austeridad siempre ha sido mi máxima, y así seguiré".
El reglamento de pensiones para los diputados que cesen en las Cortes se aprobó en 2006 bajo el mandato todavía de Julio de España (PP). El plan salió adelante pese a varios informes negativos de los letrados de las Cortes. Se calcula que la suma de todas estas indemnizaciones puede alcanzar los 900.000 euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de abril de 2009