Poco a poco vamos observando que varios países europeos se suman en la oposición a cultivar el MON 810, único maíz transgénico autorizado en Europa. Los casos más recientes son Francia y Alemania. Dos países con alto peso político que activan la cláusula de salvaguardia. ¿Cómo pueden defender nuestros políticos autonómicos y nacionales dichas modificaciones el día después de ser prohibidos en Alemania? ¿En qué se basan unos Gobiernos y otros para tener tanta discrepancia?
Como consumidora, los transgénicos me generan gran desconfianza. En el etiquetado de nuestros productos no aparecen si llevan o no. Creo que estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria y, lo que es más grave, parece ser que tienen más poder nuestros políticos que nuestros científicos a la hora de decidir qué se acepta o no en nuestro plato.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de abril de 2009