Si el Estado hubiera avanzado en el espíritu de la Constitución -que define a éste como aconfesional- y no permaneciera en un eterno estado de transición, un ciudadano como yo -que ha apostatado, o al menos eso le han asegurado en el obispado de Zaragoza- no se vería obligado a leer en la prensa nacional las proclamas de la jerarquía católica, que deberían ser exclusivamente para consumo interno.
Pero no. El Estado sigue con parte de su esencia secuestrada por la influencia de una Iglesia católica financiada con aportaciones de todos los ciudadanos, no sólo de los católicos. Mientras se ve incapaz de responsabilizarse de una enseñanza obligatoria igual para todos, echando mano de una escuela concertada que en muchos casos se niega a acatar las disposiciones de la Administración, a la vez que ésta tiene que aceptar que pisen los derechos de los profesores de religión, que son despedidos por los obispos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de mayo de 2009