El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, defendió ayer la "integridad" de los técnicos que certifican las obras de este organismo, incluido el actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, en la etapa en que fue director de Infraestructuras de la Diputación y dio su conformidad a una certificación en falso "para no perder una subvención", una práctica que tanto Hernández como Louzán consideran "habitual" en todas administraciones. A título de ejemplo, Louzán citó dos casos que conciernen a los ayuntamientos de Cangas do Morrazo y Pontevedra, gobernados ambos por coaliciones que presiden alcaldes nacionalistas.
La certificación de la construcción de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, firmada por el director de la obra, Baltasar Pujales, y el conforme de Agustín Hernández, aunque apenas está empezada, permitió a la Diputación de Pontevedra recibir una subvención de 195.932 euros del Ministerio de Administraciones Públicas y a la empresa adjudicataria, Sercoysa, cobrar los 391.864 euros del presupuesto de la adjudicación. Hernández, antes de ostentar la dirección de Infraestructuras en la Diputación, fue director de construcción y apoderado de esa empresa, pero Louzán resta toda posible relación entre ambas circunstancias.
El presidente provincial acusa a los gobiernos de Cangas y Pontevedra
"Lo realmente significativo", aduce el presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, "es que esas prácticas se producen en todas las administraciones para preservar subvenciones comprometidas". Y pone dos ejemplos. En Cangas, donde gobierna una coalición de BNG, PSdeG y ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas) con alcaldesa nacionalista, fue certificada la construcción de una pista de ska "que ni siquiera está empezada, pero lo hicieron para no perder una subvención de la anterior Consellería de Cultura". Beneficiaria, la empresa HPC, que cobró 102.000 euros.
Más chocante le parece a Rafael Louzán el caso de unas obras en el entorno de la iglesia de Santa María, en la propia ciudad de Pontevedra, donde también gobierna una coalición de BNG-PSdeG con alcalde nacionalista. Las obras, según el presidente de la Diputación, fueron adjudicadas el 19 de diciembre y certificadas dos días después, con un presupuesto de 881.000 euros que se justificó como acopio de materiales. En este caso la subvención procedía de la anterior Consellería de Vivenda y la empresa beneficiada es Varela Villamor, una filial de Indeza.
Los retrasos en la variante de Lira, aduce Louzán, fueron causados por la Confederación Hidrográfica - "aprovecho para pedir que se traspasen sus competencias", dijo-, donde la Diputación solicitó un primer permiso en mayo de 2007 y aún está pendiente de recibir el último, para talar árboles. En diciembre caducaban los plazos y, para no perder la subvención, se certificó la obra. Sercoysa, dice Louzán, suscribió unos avales que la obligan a realizarla y, si no lo hace, la Diputación podrá recuperar lo pagado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 2009