A través de la prensa, veo que el Gobierno está lanzando globos sonda, por medio del fiscal general Conde-Pumpido, sobre la necesidad de modificar la legislación actual para poder desalojar a ETA de los ayuntamientos tras las elecciones en el País Vasco. Se sugiere un cambio en el artículo 61 de la Ley de Bases, cambiando el texto "gestión gravemente dañosa" por "decisiones gravemente dañosas" y justificar así la demora en llevar a cabo la disolución de esos ayuntamientos ante la deficiencia legislativa.
1. Este señor no debió permitir que el poder ejecutivo le convenciera de que un partido político puede ser legal en algunas localidades y en otras no.
2. Una vez fracasada la negociación política con ETA, Conde-Pumpido debió presentar la dimisión como fiscal general.
3. El nuevo fiscal general hubiera debido instar el proceso de disolución de esos concejos.
4. El año pasado, UPyD, a través de su diputada Rosa Díez, presentó una interpelación en el Congreso para que el Gobierno disolviera estas municipalidades, como se hizo en Marbella.
Ni caso por parte de los partidos nacionales; no querrían dar muestras de "españolidad" en vísperas de elecciones en Euskadi. Ahora el PP ya se ha adherido a la propuesta y el PSOE quiere hacernos ver que hasta ahora no se podía. Que no nos tomen más el pelo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de mayo de 2009