La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el aborto resultó ser un mero caballo de Troya, una liebre para acelerar la tramitación del anteproyecto de ley del Consell para la protección de la maternidad sin someterlo a los preceptivos dictámenes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Consejo Económico y Social (CES). El Partido Popular, que defendió en solitario admitir a trámite la ILP elaborada por grupos antiabortistas en un tenso pleno de las Cortes hace apenas dos semanas, anunció ayer una enmienda a la totalidad de la norma con texto alternativo. ¿Qué texto? El anteproyecto que el Consell ya había distribuido a los agentes sociales pero que no llegó a someterse a análisis jurídico en el seno del CJC ni al debate sobre su oportunidad social en el seno del CES.
"Es un triple salto mortal nunca visto en las Cortes", comentó la socialista Consuelo Catalá, "violenta todo el proceso de garantías democráticas con que nos hemos dotado para que las leyes sean mínimamente serias y solventes jurídicamente". "Si no se atreven a someter su anteproyecto al dictamen del CJC es porque dudan que se ajuste a la Constitución", añadió.
Catalá recordó durante el debate en pleno en torno a la ILP que el Tribunal Constitucional estableció en 1985, cuando se aprobó la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que el feto es objeto de protección por parte del Estado pero en ningún caso sujeto de derechos.
Rafael Maluenda, portavoz del PP, defendió que "el texto alternativo recoge el contenido de la ILP e incorpora el Plan Vida del Consell haciendo una proposición de ley mucho más amplia y garantista de los derechos de la mujer embarazada". El portavoz del PP subrayó: "Este nuevo texto ha sido puesto en conocimiento de la comisión promotora de la ILP".
Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, no salía de su asombro. "Han utilizado a los promotores de la ILP para colar su propio proyecto por la gatera", comentó Marcos, "es un caso flagrante de filibusterismo parlamentario de la peor especie".
Mònica Oltra, portavoz de Compromís, planteó que la mejor protección de la maternidad pasa por conceder "ayudas directas al nacimiento de 4.000 euros para todas las madres y de hasta 9.000 euros en ayudas complementarias en función de la renta y de otras circunstancias como las de familias monoparentales, numerosas, etcétera".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de mayo de 2009