La única cooperativa de Integración Social de Galicia, Limco, y el centro especial de empleo para discapacitados Servipertu, acusan al Ayuntamiento coruñés de discriminación. El consistorio, denuncian, les ha negado la adjudicación de los servicios de vigilancia y de limpieza de varios centros cívicos de la ciudad. El gobierno local, que desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos de 2008, "puede" reservar plazas en el Ayuntamiento a discapacitados, se defiende. Las dos organizaciones, según un portavoz del gobierno, no cumplían los requisitos para encargarse del trabajo.
Serviportu se hacía cargo del centro cívico de Santa Margarita de forma temporal desde octubre pasado, con ayuda de dos discapacitados. El Ayuntamiento asegura que la nueva empresa adjudicataria contratará a esos dos trabajadores, e insiste en que se emplea "en diferentes servicios e instalaciones municipales" a minusválidos.
Las dos sociedades de integración recurrieron ante el departamento municipal de contratación que se habían adjudicado estos servicios a empresas de carácter ordinario, pese a que eran ofertas económicas más caras que las que presentaron ellos. Estas sociedades forman parte de los 95 centros especiales de empleo que dan trabajo a 1.500 minusválidos gallegos.
Sada, Cambre y Culleredo recurren a estos centros para que su personal se haga cargo de los servicios de sus centros sociales. A Coruña dejó de adjudicar estas tareas en 2005. "Es lamentable intentar desprestigiar la labor municipal y la utilización de las personas con discapacidad que hacen esas empresas", respondió un portavoz del Ayuntamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de mayo de 2009