El Gobierno de Patxi López tendrá que pagar las ayudas que el anterior Ejecutivo tripartito estableció para sufragar los viajes de los familiares de los presos de ETA, mientras que el Tribunal Superior de Justicia vasco no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Su Sala de lo Contencioso Administrativo ha decidido, en un auto conocido ayer, no suspender cautelarmente la convocatoria de las subvenciones para este año (225.000 euros), como pedía en su recurso el Gobierno central.
Considera el tribunal que no concurren las razones de urgencia e irreversibilidad invocadas por la Abogacía del Estado para solicitar esa medida, y tampoco aprecia "con la evidencia necesaria" que las ayudas "transgredan los derechos a la paz, la libertad y la convivencia" recogidos en la Ley de Víctimas del Terrorismo. El hecho de que la mayoría de las subvenciones (267 en 2008) fueran a familiares del "círculo etarra", añade, "no entraña necesariamente una legitimación ética, social y política del terrorismo".
La convocatoria de este año la aprobó la Consejería de Justicia que dirigía en funciones Joseba Azkarraga (EA) el pasado 4 de marzo, tres días después de las elecciones vascas, cuando otros años se hacía mucho más tarde. El PSE criticó el adelanto y anunció que cuando llegara al Gobierno suprimiría las ayudas porque "hieren profundamente la sensibilidad de las víctimas del terrorismo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de mayo de 2009