Concluido el debate sobre el estado de la nación, los municipalistas seguimos estando angustiados, y decepcionados compuestos y sin novio: nada nuevo, ninguna solución, ni siquiera hemos podido atisbar intención efectiva para que se produzca un acercamiento a los problemas reales de las entidades locales.
Porque el auténtico quid de los ayuntamientos -financiación versus atribución de competencias- es un binomio dirigido a conseguir la verdadera autonomía local, que propugnan nuestra Constitución, la legislación europea, las declaraciones institucionales... y que no se soluciona únicamente con una inyección puntual de dinero.
Cierto es que cualquier ayuda es poca, que cualquier contribución a la mejora de nuestras ciudades y más aún en la trágica situación de desempleo que viven muchos de nuestros ciudadanos es bienvenida, pero tras treinta años de democracia local el pan para hoy, y hambre para mañana es un hecho que debemos desterrar de plano como dinámica normal de funcionamiento.
El problema de la financiación local es estructural y es grave y no hay ningún planteamiento serio por parte del Gobierno del Estado, ni siquiera la iniciativa para sentarse a negociar con los representantes de los municipios, y mucho menos de resolverlo.
Peor aún, esta situación se está agravando peligrosamente. La crisis económica generalizada, la falta de ingresos en las arcas municipales, un incremento exponencial de los servicios que hay que atender (básicos y perentorios en demasiados casos) chocan de forma brutal con los planteamientos del Gobierno en cuanto a financiación autonómica y local. De esta última parece que se ha adoptado un conformista y cómodo mello no menealla.
Si ambas reformas, de la financiación local y autonómica, no se acometen de forma simultánea y vinculada, si no se realiza una revisión acompasada de competencias, servicios y, desde luego, se proporciona el medio para sustentar ambos, seremos una vez más los ayuntamientos los que perdamos el tren y nos toque bailar con la más fea.
No deben olvidar los señores del Gobierno que quienes pierden en este caso y por enésima vez, no son los ayuntamientos como entes abstractos, sino que son como siempre los propios ciudadanos que no reciban los servicios acordes con sus necesidades, y creo que es hora de que los responsables municipales hagamos entender a la ciudadanía que a los alcaldes el Gobierno tampoco nos escucha.
Elena Bastidas es presidenta de la FVMP y alcaldesa de Alzira, del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de mayo de 2009