Aunque la ley estipula que la Administración pagará las obras públicas en un plazo de 60 días, las pequeñas y medianas empresas de constructores de obras públicas tardan hasta siete meses en cobrar y sin intereses de demora. Este retraso, unido a la restricción crediticia y a la caída de la actividad entre un 40 y 50%, está poniendo en una complicada situación a estas empresas, la mayoría de ellas subcontratistas de obras de ayuntamientos y comunidades autónomas.
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP), Carlos Andújar, presidió ayer en Valencia una reunión de asociaciones de 14 provincias españolas en la que se analizó la crítica situación que atraviesa el sector. El de la morosidad de las administraciones locales y autonómicas fue uno de los asuntos más candentes. Los empresarios exigieron que se regule como obligación la garantía de cobro de los subcontratistas y que los plazos se ajusten a los 60 días que marca la Ley de Contratos del Sector Público.
196 empresas han presentado concurso de acreedores de enero a marzo
Andújar apuntó como posible solución la norma aprobada por el Gobierno de Cantabria, que prima a las empresas que aseguren el pago a las subcontratadas. Una de las medidas obliga a las empresas adjudicatarias a comunicar su intención de subcontratar y con qué empresas. Además, si las adjudicatarias ceden su derecho de cobro, el subcontratista puede cobrar directamente de la Administración.
El presidente de AVEMCOP también criticó las dificultades que están encontrando los pequeños y medianos empresarios para obtener financiación en los bancos, "que no aceptan el papel ni las certificaciones de obras". Asimismo, resaltó los problemas que padecen para obtener créditos del ICO. En esa situación, aseguró que las empresas tratan de subsistir. Andújar se mostró pesimista respecto al futuro, que condicionó a la puesta en marcha de medidas que incentiven la obra pública. En ese sentido, valoró el Plan E del Gobierno central, aunque deploró su finalización en diciembre.
Por otro lado, las dificultades económicas de las empresas han disparado la presentación de concursos (antigua suspensión de pagos y quiebra). En el primer trimestre de 2009, en la Comunidad Valenciana recurrieron a esta fórmula 196 empresas, lo que supone multiplicar casi por tres las cifras del mismo periodo de 2008. Y fue la provincia de Alicante la que registró un mayor aumento de concursos, un 420%. El presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Merargues, explicó ayer que los concursos ya afectan a todos los sectores productivos (aunque especialmente a las firmas vinculadas al ladrillo) y cada vez son más las pymes que recurren a ellos. Con todo, consideró que el ritmo de presentación de concursos se estabilizará.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de junio de 2009