Las ayudas a domicilio para personas mayores o con discapacidad que ofrece el Ayuntamiento de Madrid podrán tardar hasta medio año en concederse, cuando, hasta ahora, lo máximo que podían demorarse era tres meses. Los nuevos plazos los fija la ordenanza que regulará estas ayudas y que actualmente está en fase de información pública.
La portavoz de Servicios Sociales de Izquierda Unida, Milagros Hernández, lo considera "inadmisible". "La diligencia en la aprobación de estas medidas debe ser máxima", declaró ayer. La directora general de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Esperanza García, aseguró que es un simple trámite administrativo para "garantizar los derechos de los ciudadanos en caso de que la Administración no resuelva en ese plazo", porque entonces se entendería concedida la ayuda. Subrayó que el plazo máximo no supone que las situaciones de urgencia no se puedan resolver "inmediatamente", incluso "en el plazo de unas horas" si es necesario.
Este servicio municipal no estaba regulado mediante ninguna ordenanza y, por tanto, se aplicaba en su tramitación el plazo general de tres meses que impone la ley administrativa. "La nueva ordenanza supone un claro paso hacia atrás", alega la portavoz de Izquierda Unida, que lo considera una estrategia para ocultar recortes de gasto. El Ayuntamiento negó que se haya rebajado el presupuesto.
La decisión de regular estas ayudas por medio de una ordenanza se tomó para delimitar las competencias municipales y evitar que se solapen los casos con los cubiertos por la Ley de Dependencia. Actualmente se encuentra en fase de información pública y la directora general señaló que por ahora no ha recibido ninguna alegación. El plazo para presentarlas concluye el 18 de junio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de junio de 2009