Todos los centros de enseñanza de Galicia recibieron ayer las encuestas que la Xunta ha elaborado para preguntar a los padres sobre el idioma en las aulas. Y también ayer el sindicato CIG presentó un recurso en el Rexistro Xeral de la Xunta en el que insta al Gobierno a paralizar la consulta porque "no es legal" e "incumple las garantías mínimas", como son el secreto y la transparencia.
Aunque el sindicato reconoce que "no hay tiempo" para detener la consulta, el abogado de CIG Héctor López de Castro anunció que valorará pedir en los juzgados la suspensión cautelar de la encuesta. Para el sindicato, la consulta es "un auténtico despropósito metodológico" porque se desconocen sus bases y no garantiza la "protección de datos personales". La encuesta, que para Educación significa el "primer paso en la derogación del decreto del gallego", es, según CIG un "instrumento para legitimar un proceso fraudulento de persecución del gallego". El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, calificó la consulta de "disparate". CC OO y la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización y Dinamización Lingüística también creen que la encuesta es "una tomadura pelo" cuyo resultado "ya está decidido".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de junio de 2009