Ninguno de los tres imputados (dos ex concejales del PP y el arquitecto municipal) por una obra ilegal en Torrevieja se presentó ayer ante el juez instructor, el titular del número 2 de la localidad. Ello supone un nuevo retraso en un sumario cuya instrucción se remonta a 2005, cuando el grupo municipal de Los Verdes llevó al juez la reforma de un ático, propiedad de la familia de uno de los ediles imputados.
Los ex concejales, Fernando Gómez y Pascual Ortiz, del PP, no comparecieron por un error en la citación. El juzgado remitió la orden al Ayuntamiento ante la creencia de que ambos aún eran cargos públicos. Mientras, el arquitecto no justificó su incomparecencia y el juez le apercibió de ser conducido por la fuerza pública si no acude a la nueva cita.
Curiosamente, en la oficina judicial, aparte del letrado de la acusación popular de Los Verdes, sólo compareció el letrado del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. El regidor también estuvo inicialmente imputado en la causa. Sin embargo, su condición de aforado (el alcalde es también diputado autonómico) motivó que el sumario se trasladara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal exculpó al regidor y devolvió el sumario al juzgado instructor para completar las diligencias. Hernández Mateo, no obstante, está imputado en otro sumario por supuesto tráfico de influencias derivado de una millonaria plusvalía (5,2 millones de euros) en la compraventa de una finca rústica.
La investigación judicial que afecta a los dos ex ediles y al arquitecto trata de esclarecer una denuncia de Los Verdes presentada en 2003 en relación con unas obras ejecutadas en el edificio propiedad de la familia del entonces concejal Pascual Ortiz que vulneraban el planeamiento vigente. Según Los Verdes, el Ayuntamiento permitió que la infracción prescribiera sin imponer ninguna sanción y sin obligar a los infractores a restituir la legalidad urbanística.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de junio de 2009