En mayo de 2002, el Gobierno israelí, encabezado por Ariel Sharon, puso fin al cerco de la basílica de la Natividad en Belén y dejó salir a 123 activistas palestinos que permanecieron encerrados en su interior durante 38 días. El problema más espinoso se planteó con 13 de los milicianos, militantes de Al Fatah y Hamás, a los que el Estado hebreo tachaba de "terroristas peligrosos". Tras unas complejas negociaciones, en las que intervinieron Estados Unidos y la Unión Europea se pactó su salida hacia Chipre y, a partir de ahí, se repartieron entre los países europeos dispuestos a acogerlos. España aceptó a tres de los palestinos, y otro tanto hicieron Italia, Grecia, Irlanda, Portugal y Bélgica, además de Chipre. La UE, cuya presidencia semestral ostentaba España, prestó el paraguas para el acuerdo; aunque la autoexclusión de los grandes países (Alemania, Francia o Reino Unido) la dejó una vez más en evidencia. Según el acuerdo, Cruz Roja se ocuparía de la asistencia humanitaria a los deportados, que estarían bajo vigilancia y no podrían circular libremente por Europa. La justicia israelí renunció a presentar cargos contra ellos. Los tres acogidos por España se alojaron en una casa forestal en la pedanía de Lubia (Soria) bajo la vigilancia de un dispositivo en el que participaban 120 guardias civiles y que costaba la friolera de 16.000 euros diarios.
El acuerdo consiguió al menos evitar un baño de sangre en Belén y aliviar temporalmente la tensión entre palestinos e israelíes. Su muñidor fue el entonces enviado especial de la UE para Oriente Próximo, Miguel Ángel Moratinos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de junio de 2009