Son muy significativos e interesantes los debates que se han abierto recientemente en la sociedad sobre algunos de los asuntos económicos que nos preocupan. Por ejemplo, la necesidad o no de una reforma laboral (a raíz del crecimiento exponencial del paro en el último año) o la presencia de la energía nuclear en el mix energético que necesita España para tener asegurado el suministro en el medio plazo y para cumplir los compromisos firmados en lo referente a la lucha contra el cambio climático en el contexto europeo (con motivo de la decisión sobre el cierre o no de la central nuclear de Garoña).
El primero, el más profundo hasta ahora, ha confrontado los análisis de un grupo de 100 economistas, la mayor parte de ellos provenientes del ámbito académico, con un manifiesto elaborado por 700 personalidades cercanas al planeta sindical y a las cátedras de Derecho del Trabajo, y con la posición de la cúpula patronal (CEOE) acerca de un contrato laboral para la crisis que, en la práctica, significaría la instauración del despido libre en España.
La condición política para que los debates fructifiquen es que el Gobierno los lidere y la oposición comparezca
El de Garoña, que además del ámbito intelectual y político ha tenido también manifestaciones contrapuestas en la calle y anuncios publicitarios en los medios de comunicación, ha sido menos intenso y más interesado en lo concreto, ya que se juegan directamente los puestos de trabajo de la central nuclear y el dinero de Iberdrola y Endesa, entre otros aspectos. A pesar de las declaraciones en el Congreso del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que una cosa es el desenlace sobre Garoña (decisión del Gobierno) y otra muy distinta el futuro de la energía nuclear en España, parece difícil deslindar ambas cuestiones.
Es factible -y sería oportuno- que en el futuro inmediato se abran otras polémicas sobre la reforma fiscal (el papel de los impuestos en la salida de la crisis y en la retirada ordenada de los planes de estímulo, una vez que los países regresen poco a poco a la senda de crecimiento), la actualización del Pacto de Toledo sobre las pensiones o las reformas educativas, de la justicia o de las Administraciones Públicas, etcétera.
Para que estos debates conduzcan a algo y no generen la melancolía de lo que se aborda y a continuación se olvida sin arreglar aquello para lo que nació, son precisas al menos dos condiciones políticas: que el Gobierno de turno asuma y lidere la necesidad de estas reformas (la OCDE pronostica una tasa de paro de casi el 20% en el año 2010: ¿es producto de la legislación laboral o del modelo de crecimiento?; ¿cómo se va a hacer la transición desde un esquema dominado por las energías fósiles a otro de energías renovables?) y que la oposición comparezca a esos debates con propuestas concretas y no retóricas. Las declaraciones de los dirigentes del PP y su programa anticrisis, blandido una y otra vez por Rajoy en el Parlamento, sea cual sea la profundidad de los problemas económicos, son un ejemplo de inanidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de junio de 2009