Francisco Franco ha dejado de ser alcalde honorífico e hijo adoptivo de Madrid. Le han quitado, además, la medalla de oro y la medalla de honor que el Ayuntamiento de la capital de España le concedió en alguna ocasión. Evidentemente, el llamado caudillo no se ha enterado de una medida que tiene, sobre todo, el valor simbólico de ir limpiando las huellas de la dictadura que quedan aún por todas partes. La decisión se tomó ayer por unanimidad en un pleno del Consistorio, así que el afán de barrer la casa lo comparten todos los partidos (salvo, acaso, los dos concejales del Partido Popular que
se retiraron de la votación).
El Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento de Madrid, de 1961, establece en su artículo 36 que "podrán ser desprovistos de las distinciones quienes cometieran faltas, cualquiera que sea la fecha de su comisión". A estas alturas, y con una cultura democrática bastante sólida ya, no parece necesario darle muchas vueltas al hecho de que dar un golpe de Estado contra un régimen legalmente constituido es sin duda una falta (y no precisamente leve).
Las polémicas que ha provocado la llamada Ley de la Memoria Histórica muchas veces no habrían tenido lugar si se hubiesen aplicado con diligencia los reglamentos, las normas o las leyes establecidos desde hace tiempo en distintos textos legislativos. Todas las dictaduras operan de manera perversa sobre la realidad: para justificar sus desmanes cambian la historia y fuerzan el derecho para conseguir que sus líneas torcidas se lean como si fueran rectas. Y así puede ocurrir que al responsable de ordenar que se bombardeara ilegalmente Madrid durante tres años lo convirtieran después, entre otras cosas, en alcalde honorífico de la ciudad.
De los concejales del PP que no votaron, uno había ido al servicio. El otro dijo que la propuesta era "casposa" y que no "quería perder el tiempo". Para no perderlo más, y de paso quitarse esa caspa con un sobrio ademán, debería ser él mismo quien liderara la maniobra de acabar ya con los honores que conservan otros golpistas. Y borrar de una vez de las calles de Madrid los nombres de los cómplices del dictador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de junio de 2009