En la Comunidad Valenciana llueve sobre mojado cuando se debate sobre las estrategias para fusionar cajas de ahorros en España. Y es que tras varios intentos infructuosos, desde la Generalitat socialista primero y por parte de la popular después, de fusionar a Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), los argumentos contrarios siguen hoy tan vigentes como entonces y los pronunciamientos a favor de uniones con entidades de otras autonomías se multiplican. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) se situó ayer en el bando de los que consideran más "lógico" que la CAM, y en este sentido también Bancaja, busquen fusiones con entidades financieras de otras comunidades autónomas.
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El instituto, integrado por más de 40 empresarios de distintos sectores de toda la provincia de Alicante entre ellos el promotor Enrique Ortiz y el presidente de Coepa, Rafael Martínez Berna, analizó ayer este tema durante su junta general. Y tras la misma, su presidente, Joaquín Rocamora, resumió un posicionamiento que mira hacia fuera. Rocamora recurrió también al argumento de que una fusión entre Bancaja y la CAM, tercera y cuarta caja de ahorros española, supondría un alto coste social por el cierre de oficinas y la pérdida de empleo, no mejoraría la posición global de estas entidades y supondría la pérdida de la cercanía entre la caja alicantina y los empresarios de la provincia. "Lo peor que nos puede pasar es que nos casen a la fuerza", esgrimió. Pero Rocamora también defendió que la CAM "tendrá que fusionar, lo importante es que tome la iniciativa" y que se analice bien el paso.
En la polémica también terció el director general de Ineca, Juan Iranzo, quien preguntado por otra fórmula, en concreto la posibilidad de una unión entre Caja Madrid y la CAM, comentó que "a lo mejor" estas entidades podrían ser complementarias. Iranzo también matizó que hay "muchas cajas pequeñas" que también podrían "ser objeto del deseo".
Por otro lado, Ineca también realizó un repaso de la aplicación del conocido como Plan Zapatero de inversión municipal, que calificó de "prematuro, rápido y muy precipitado". Un análisis de los 323 millones de euros que el Gobierno ha previsto invertir con esta iniciativa en la provincia de Alicante ha llevado a Ineca a concluir que el 70% de los fondos se han dirigido al mantenimiento y a la mejora urbana, o lo que es lo mismo, a "gastos no productivos". Ineca critica que el empleo que se crea con el Plan Zapatero es coyuntural y que la inversión tiene "poca capacidad de arrastre en la economía alicantina". Los responsables del instituto esperan "que los futuros planes tengan un carácter más productivo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de julio de 2009