El diputado de Hacienda, Pello González, aportó ayer un nuevo dato recogido en las investigaciones que se han abierto sobre el caso Bravo. Como figura en la denuncia del fiscal, la empresa catalana Glass Costa Este Salou adquirió en abril de 2003 -Víctor Bravo y Rufino Eizagirre ya eran entonces socios de esta firma- los terrenos de la discoteca Galas de Salou y escrituró la compraventa por un importe inferior al real. González desveló que parte de la operación se abonó con "dinero negro" en billetes de 500 euros. Esta sospechosa actuación mercantil fue notificada a Víctor Bravo, entonces director general de la Hacienda guipuzcoana, quien al parecer la ocultó a la Hacienda estatal y no la investigó.
La compraventa de la discoteca, cuyo solar pudo propiciar que Glass Costa Este Salou lograra un pelotazo urbanístico que llegó a los tribunales de Cataluña, se escrituró en 4,47 millones de euros, cuando el precio real que se abonó fueron 6,01 millones de euros, esto es, con un "sobreprecio oculto" de 1,53 millones, según el fiscal.
El diputado de Hacienda no quiso dar más detalles de este caso al estar abierta la investigación y para evitar que los imputados en la causa hagan efectivo "el anuncio de una batería de querellas" contra su persona. González hizo estas aclaraciones al finalizar su comparecencia ante la Comisión Permanente de las Juntas Generales, donde informó sobre la denuncia presentada por la Fiscalía.
Todos los partidos políticos coincidieron en la gravedad de los hechos que se imputan a los seis acusados y estudian la fórmula más apropiada para abrir una investigación ad hoc sobre la trama fraudulenta. El portavoz socialista, Julio Astudillo, afirmó que la sociedad guipuzcoana "necesita una explicación del PNV" sobre su gestión al frente de Hacienda. El peneuvista Asier Aranbarri se mostró dispuesto a "levantar las alfombras con todas las consecuencias" para llegar "hasta el final". Joxan Rekondo, de Alkarbide, calificó el caso Bravo como el "caso más grave de fraude de la Hacienda guipuzcoana". El popular Juan Carlos Cano puso bajo sospecha la concesión del régimen fiscal especial a "muchas empresas". Arantza González, de EB, criticó el uso de cargos políticos para obtener "beneficios particulares", y Rebeka Ubera, de Aralar, pidió analizar las empresas de todas las personas involucradas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de julio de 2009