Quiero refrendar en mi condición de abogado del ICAM, y por tanto de la Comunidad de Madrid, el artículo publicado en EL PAÍS el pasado día 21 por nuestro decano, Antonio Hernández-Gil, con el título Justicia gratuita comprometida.
Voy a abundar en dos ideas muy bien expuestas. Primero, la comunidad debe cumplir sus compromisos presupuestarios y en el plazo establecido. No tiene excusas para no hacerlo, y segundo, y muy importante, no debe caer en la tentación de pretender que el turno de oficio -justicia gratuita- sea desempeñado por funcionarios de la Administración, en este caso de la Comunidad de Madrid. Eso sería el final de la imparcialidad y del libre ejercicio de la abogacía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de julio de 2009