El fracaso del diálogo social se ha agravado con una nueva disputa pública en torno a la reforma del mercado de trabajo suscitada desde el Banco de España y la comprobación de que la economía española ha sufrido una contracción del PIB del 4% en tasa interanual durante el segundo trimestre del año. El presidente del Gobierno ha precisado que es partidario de aprobar estímulos a la contratación temporal para frenar el crecimiento del desempleo -que amenaza con aproximarse a una tasa del 20% en el último trimestre de este año-, pero que en ningún caso sería partidario de abaratar el despido. Aunque es posible que no constituya una estricta prioridad en esta crisis, la reforma laboral se convierte en debate imprescindible en cualquier retorno al diálogo que quiera hacerse en el futuro.
La CEOE, empeñada en colar ahora el abaratamiento del despido, carga con una parte importante de responsabilidad en la ruptura del diálogo. Pero el Ejecutivo también tiene una cuota notable, porque no ha sido capaz de dotar de sustancia el diálogo entre agentes sociales. No parece presentable despachar el contenido de un acuerdo social en medio de una recesión económica profunda con apenas una reducción de las cotizaciones sociales y una prórroga de la percepción del desempleo. La gravedad de los tiempos exige un contenido más concreto y mejor vertebrado. Finalmente, resulta incomprensible que Zapatero arremeta como lo ha hecho contra los empresarios en un momento en el que resulta imprescindible aunar cuantas más voluntades mejor en torno a un proyecto común para sacar a este país de la crisis.
El primer paso de cualquier pacto implica un programa completo de la sostenibilidad financiera del Estado, porque resulta difícil financiar un volumen de desempleo que superará probablemente los 4,5 millones de parados este mismo año y los costosos planes de estímulo, que provocarán un aumento del déficit que quizá rebase cumplidamente el 10% del PIB en 2009. Con este estado financiero público y las previsibles consecuencias del encarecimiento del coste de la deuda, los empresarios y los sindicatos podrían hacerse una idea más precisa de dónde están las líneas rojas que separan las peticiones razonables del mero y simple saqueo de las arcas públicas. Y el Gobierno dispondría de una guía para decidir dónde recortar los gastos -empezando por la devolución de los 400 euros o el cheque bebé-, qué impuestos puede subir (y cuáles no), y qué nuevas políticas de estímulo de la demanda y del empleo puede emprender.
Pero ese plan de sostenibilidad pública no existe o no se conoce, o simplemente no se aplicó en las conversaciones. Cuyo contenido, por cierto, si alguna vez se reanuda, debería centrarse en cómo la economía puede crear empleo o, más modestamente, cómo evitar un aumento masivo del paro, con tasas de crecimiento inferiores al 2%, porque ésa es la situación que viviremos al menos hasta bien entrado 2011.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de agosto de 2009