Las obras del tren de alta velocidad entre Amorebieta y Lemoa, que abandonó la constructora vasca Urazca tras su quiebra en mayo de 2008, se han puesto en marcha de nuevo. Se trata de un tramo de 3,4 kilómetros con un coste de 59,5 millones de euros. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, autorizó de nuevo en febrero pasado la licitación de las obras tras la crisis de la empresa vasca.
Urazca logró el contrato en septiembre de 2007 al participar en el concurso con otras compañías en una unión temporal. Cuando la empresa vasca solicitó el concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos) con un pasivo superior a los 450 millones de euros, el Ejecutivo central decidió resolver el contrato.
El ministerio guarda el nombre de la adjudicataria por seguridad
El nombre de la nueva empresa adjudicataria no fue facilitado ayer por la Administración por razones de seguridad, para evitar que pueda sufrir atentados de ETA o de su entorno. La banda, que el 3 de diciembre pasado asesinó en Azpeitia al empresario Ignacio Uria, fundador de una constructora que trabaja en la infraestructura, volvió a amenazar en un comunicado en enero a quienes participen en las obras de construcción del AVE vasco.
El tramo Amorebieta-Lemoa incluye la construcción del túnel de Ganzelai, de 1.365 metros de longitud; el de San Román, de 727 metros, y el de Marrageruena, de 326 metros, lo que supone que el 70% del trazado del tramo discurrirá bajo la superficie. Igualmente, se levantará un viaducto sobre el trazado de la futura autovía Boroa-Lemoa. El proyecto incorpora la reposición de tres caminos rurales ya existentes y la ejecución de seis nuevos.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, calificó ayer de muy buena noticia Y "un paso adelante más" el inicio de la construcción de este nuevo tramo de la Y ferroviaria. "Sin duda es una infraestructura que mayoritariamente nos demanda la sociedad vasca", aseguró.
Mientras, Urazca sigue todavía el proceso de renegociación de las deudas con sus acreedores. Después de la venta de numerosos activos para poder hacer frente a las importantes deudas que tenía y el despido de más de 500 trabajadores, el administrador concursal intenta salvar la constructora para acometer la obra pública que ha podido mantener.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de agosto de 2009