Como era previsible, la crisis económica ha desencadenado un aumento de la presión fiscal. Los políticos emprenden con entusiasmo la expansión del gasto, aunque tarde o temprano traerá un efecto pavoroso: la inflación, el impuesto más vil que se ha ideado nunca. Pero antes de disfrutar de sus encantadores efectos (que llegarán, no tengan duda) se adelanta otra medida no menos agradable: el aumento del acoso fiscal sobre las rentas privadas. Desde el uno de agosto (mes propicio para estas maniobras) la Agencia Tributaria puede embargar de forma automática hasta 20.000 euros. La cantidad máxima que el Estado se permite confiscar a los ciudadanos, sin tramitación judicial, ha pasado, en dos años, de 4.000 a 20.000 euros.
La medida, impulsada por la vicepresidenta Elena Salgado, ilustra la voracidad de los políticos ante la caída de los ingresos tributarios, y sigue la estela de recientes incrementos impositivos, como los que gravan la gasolina o el tabaco. Para ello, el poder público cuenta con la complicidad de los bancos, que asaltan las cuentas de sus clientes, sin el permiso de éstos, siempre que se lo ordene algún burócrata, ya sean impuestos estatales o forales, ya sean multas de la Dirección de Tráfico o del más humilde Ayuntamiento. Ni la conflictividad entre administraciones gobernadas por distintos partidos, ni la hostilidad retórica de que hace gala la socialdemocracia frente a la banca impiden esta estrecha colaboración a la hora de invadir el patrimonio de terceros, terceros mucho más débiles, en lo político, en lo económico y en lo jurídico, que cualquier Administración pública o cualquier entidad financiera.
Una curiosa marea moral hace de la codicia el origen de la actual crisis económica, como si la codicia hubiera sido, durante la última década, mayor que en cualquier otro momento del pasado o del futuro. Y mientras tanto una opinión pública eficazmente anestesiada se deja confiscar las rentas gracias a la impunidad de administraciones que se intercambian información bancaria de sus víctimas para ejecutar embargos, pero nunca información domiciliaria para hacer llegar las preceptivas notificaciones. Sí, quizás la banca, como dicen, es insaciable en su afán de ganar dinero, pero se les olvida decir que en esto iguala al poder público.
El Tribunal Constitucional ha reiterado que el cobro ejecutivo debería tener carácter supletorio y excepcional, pero eso no altera la conducta de una Administración omnipotente ni la resignación de una ciudadanía castrada, a la que se le alecciona constantemente con que todo interés privado es fruto de un ilegítimo egoísmo y que debe su vida entera al favor de los políticos. El interés privado se ha convertido en la bestia negra de ideólogos, tertulianos y burócratas. Pero el interés privado sólo puede considerarse nocivo desde una perspectiva: el interés del poder.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de agosto de 2009