"El Ayuntamiento de Cangas debería proceder de conformidad con los preceptos de la legislación urbanística autonómica decretando la suspensión y paralización de las obras carentes de licencia en un suelo integrado en el término municipal". Es la principal conclusión de un informe elaborado por el abogado Jorge Buján a instancias del concejal de urbanismo del municipio, Mariano Abalo, de Alternativa Canguesa de Esquerdas. El dictamen, fundamentado en 27 folios, insta al ayuntamiento a "incoar el expediente de reposición de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador", contra la empresa Residencial Marina Atlántica. El documento respalda la argumentación que ha venido manteniendo la Cofradía de Pescadores y es contrario a la opinión de la alcaldesa Clara Millán (BNG) que asegura tener las manos atadas para actuar contra la construcción del complejo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de agosto de 2009