Ningún partido político afronta actualmente las bases de los particulares problemas de España, políticos y económicos.
El crédito hipotecario debería tener como garantía única el valor de la vivienda y no perseguir de por vida al que lo suscribió (la ley debería prohibirlo); de esta manera los bancos afinarían y no darían dinero a quien no tiene posibilidades de devolverlo. El precio de la vivienda bajaría.
La democracia ha degenerado en partitocracia; ¿para cuándo las listas abiertas que devuelvan la responsabilidad individual a los diputados?
El estado de las autonomías, junto a sus ventajas, ha provocado la multiplicación de instancias administrativas y gastos. Precisamos reformarlo sin complejos ni miedo al nacionalismo (español o autonómico).
El sistema de financiación de los municipios se basó, durante la Transición, en tasas sobre actividades económicas y la generación de plusvalías por recalificación de terrenos para evitar la impopularidad de una imposición más directa; así se propició la corrupción (véase la crónica de tribunales) y encareció la vivienda. Esto no ocurre en otros países de nuestro entorno; ¿por qué no imitar su sistema?
La maraña de leyes y reglamentos (general, autonómico y municipal) convierten emprender una actividad económica en un laberinto legal de imposible cumplimiento y alto coste. Pesan sobre ella muchos permisos, tasas y gastos no necesarios. Los funcionarios implicados son conscientes y hacen "la vista gorda", o son corruptos y se aprovechan.
¿Quién se atreve.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de agosto de 2009