La Generalitat incumple una de las medidas que contiene su decreto sobre la calidad del aire. La norma, aprobada en julio de 2007 con el objetivo de reducir la contaminación galopante del área metropolitana barcelonesa, no sólo preveía aplicar la velocidad variable en las vías de acceso a la ciudad. Otra de sus numerosas medidas obligaba a todos los centros públicos con más de 200 trabajadores y los privados que agrupasen a más de 500 a redactar, antes de que acabase 2008, un plan para facilitar que sus empleados llegasen a sus puestos de una forma más sostenible. De todos los centros de trabajo del Gobierno catalán, sólo la Agencia Catalana del Agua ha redactado el suyo.
Los ayuntamientos tampoco se han lucido: únicamente el de Barcelona y el de Sabadell han cumplido. Además de estos tres entes públicos, 11 empresas habían presentado sus planes el 30 de junio pasado, según los datos de la Autoridad del Transporte Metropolitano, encargada de aprobarlos. Se trata de una proporción ínfima si se tiene en cuenta que Comisiones Obreras, que ayer denunció el retraso, calcula que lo deben hacer unos 280 centros de trabajo de 40 municipios.
"La movilidad se le está escapando de las manos a los poderes públicos", denunció la secretaria de desarrollo territorial del sindicato, Aurora Huerga. Aunque defendió la medida de la velocidad variable, Huerga subrayó que la aplicación del decreto debe ir más allá, y criticó "la pasividad" de la Administración. Jaume Vernet, responsable de movilidad de CC OO, sugirió una sanción en forma de recorte de subvenciones para los consistorios negligentes.
Otra medida que el sindicato propuso para mejorar la movilidad es la creación de una tarjeta de transporte metropolitano para los trabajadores que vayan a sus puestos en transporte público. Los empleadores deberían cofinanciarlo, según CC OO.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de agosto de 2009