Como trabajadora en el sector público y como ciudadana solidaria no tengo nada que objetar a la propuesta de subir los impuestos a las rentas más altas y congelar los sueldos de los funcionarios, si eso sirve para aliviar la situación de las personas con menos recursos.
Sin embargo, se me ocurren algunas medidas adicionales que podrían contribuir a obtener más fondos. Es sabido que en este país cada uno, en la medida de sus posibilidades, hace lo que puede para ocultar parte de sus ingresos al fisco. Desde despachos profesionales o empresas de variados sectores, al modesto electricista o jardinero autónomo, y no es que a los empleados públicos no nos haga ilusión participar, es que no podemos. Todos conocemos casos en nuestro entorno pero nos callamos discretamente; es más, yo diría que ese tráfico de dinero negro ni siquiera está mal visto socialmente.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la llamada crisis no parece tener un final claro, y que la tendencia más extendida es dejar las cosas como están a la espera de que mejoren por sí solas, a falta de ideas innovadoras propongo reconvertir a los parados en inspectores de Hacienda.
El dinero que se recaudara no sólo ayudaría a cubrir las pensiones y subsidios de paro, sino incluso sobraría para mejorar la dotación de servicios básicos como la enseñanza, la sanidad o la atención a los mayores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de agosto de 2009