Desde que perdiera el poder, el Partido Popular nos tiene acostumbrados a una serie de estrategias ofensivas que consisten, básicamente, en culpar al Gobierno de todos los males habidos y por haber. Sin embargo, a partir de que sus conexiones con la corrupta trama Gürtel han ido siendo más claras, sus dirigentes llevan al pie de la letra aquello de que la mejor defensa es un buen ataque.
Lo lamentable no es sólo que Rajoy apoye conductas de destacados miembros de su partido que son, cuanto menos, dudosas, o que no haya hecho ni siquiera un amago de autocrítica; lo realmente preocupante es que al principal partido de la oposición no parezca importarle que su empecinado envite contra el otro se lleve por delante la confianza ciudadana en instituciones esenciales dentro de un estado de derecho.
Las recientes declaraciones de Cospedal son, en este sentido, particularmente alarmantes, en tanto que demuestran que en el PP ha cambiado poco o nada, que la acusación sin pruebas sigue siendo su forma de encarar el futuro y un método para hacer política dañino y poco acorde con el respeto democrático.
En la anterior legislatura fue la famosa conspiración para sacarles del gobierno, ahora parece que se trata de acabar con la oposición a través de una conjura orquestada por el propio Estado, algo que, de tener algún ligero fundamento, constituiría un hecho gravísimo, merecedor de acciones mucho más contundentes que un exabrupto veraniego. ¿Tan ingenuos nos creen?.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de septiembre de 2009