"¿Quién no paga derechos de autor? Fuenteovejuna, señor". Esta ingeniosa paráfrasis de la famosa frase de la obra El alcalde de Zalamea, de Lope de Vega, ha sido acuñada por los habitantes de la población en donde la vienen representando desinteresadamente desde hace muchos años. Mantienen que es injusto que la Sociedad General de Autores de España (SGAE) quiera cobrar por una obra que, por su antigüedad, no genera derechos de autor; pero la entidad argumenta que la que sí los genera es la adaptación de Francisco Brynes que utilizan.
Han pasado siglos desde que Lope describiera la impotencia de un pueblo, que ante los continuos abusos de su comendador opta por matarlo. Afortunadamente, hoy el Estado constitucional que tenemos en España nos ofrece otros medios menos contundentes para dirimir conflictos: si la SGAE, conforme a la legalidad vigente, pretende cobrar unas tasas y alguien no está de acuerdo, tiene dos posibilidades. Primera, que piense que la entidad está aplicando la norma con criterios injustos, en cuyo caso debe presentar el recurso administrativo correspondiente, y si no obtiene satisfacción, acudir a los tribunales de Justicia. Segunda, si el desacuerdo es con la ley que se está aplicando -no se olvide que, como todas las leyes, está aprobada en el Parlamento- debe promover su modificación. Mientras tanto, la normativa obliga a todos. Dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de septiembre de 2009