Un bonobús con transbordo. Así es como los funcionarios de los juzgados de Andalucía realizan desde el pasado lunes las entregas de notificaciones por la región. Hasta el lunes utilizaban taxis que les llevaban hasta cada dirección postal y pueblo de Andalucía, a partir de ahora y por una "necesaria racionalización en el empleo de los fondos públicos", según la consejería de Justicia, "la entrega de notificaciones se hará en transporte público colectivo".
Algunas de estas notificaciones, que pueden ser órdenes de alejamiento, de ingreso en prisión, de pago de pensiones alimenticias o de retiradas de permisos de conducir, ya han quedado suspendidas y por lo tanto, retrasado el proceso al no poder entregarse a las partes. Sólo el año pasado la Junta pagó tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados.
La Junta gastó el año pasado tres millones de euros en concepto de taxis
La consejería anunció ayer que con los dos millones de euros que estima ahorrar con la supresión de los taxis, contratará a más de 40 profesionales adscritos a los juzgados de Familia y Menores.
"Hay que buscar soluciones rápidas porque hay algunos casos que son muy urgentes, y si se atasca este servicio, se atascan todos; los abogados, los procuradores y los usuarios", decían fuentes de la secretaría judicial del servicio de verificaciones y embargos de Sevilla.
Durante la mañana de ayer se acumulaban papeles en los casilleros donde se disponen a ser repartidos. "Si en un día con taxi cada agente judicial entregaba hasta 35 notificaciones, sin taxi no se dan más de 15", aseguraban las fuentes. "Además, estos documentos son oficiales, no se pueden mojar, ni estropear, y llevarlos en autobús los daña".
Sólo el lunes se suspendieron en Sevilla 287 embargos y quedaron pendientes de entregar 464 citaciones y otras 1.439 diligencias.
En el partido judicial de Sevilla, que abarca 22 localidades, se hicieron en julio 11 entregas por las tardes y algunas incluso se hacen de noche. "El servicio público tampoco puede responder a esta demanda", decían en la secretaría, "y también hay zonas de alta peligrosidad o que no abarca el autobús", añadían.
Los funcionarios trabajaron ayer sorprendidos por la medida. "Nosotros entendemos que haya recortes, pero tenemos que seguir haciendo un servicio eficiente", decía ayer un funcionario, mientras mostraba un armario rebosante de notificaciones. Luis Calero, del sindicato CC OO, lo corroboraba. "Entendemos la reducción de gastos, pero queremos alternativas".
Los funcionarios del Servicio Común de Actos de Comunicación (SCAC) de la Audiencia Provincial de Málaga ya comenzaron ayer a movilizarse. El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia en la provincia, Juan Antonio Luque, envió una carta a la delegada de la Consejería en Málaga, Blanca Sillero, en la que le recordaba que la supresión de los taxis supondrá "un colapso total del SCAC de Málaga".
Luque asegura que este servicio, que cuenta con 56 funcionarios, ha realizado más de 100.000 diligencias de notificación en el primer semestre del año. "Cuando el servicio se constituyó prestaba apoyo a 26 órganos judiciales y en la actualidad lo hace a 76 juzgados sin haber incrementado la plantilla ni el número de vehículos disponibles", se lee en la misiva.
La Consejería de Justicia autorizará taxis para servicios especiales como los levantamientos de cadáveres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de septiembre de 2009