Leo que en una conversación privada el presidente de la Generalitat valenciana llamó a Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes, amiguito del alma. Después, si no es que fue antes, llegó todo aquello de los trajes. También llegó el archivo de la mano del juez De la Rúa, que no ha tenido obstáculo en resolver pese a su condición de amigo. Entendió que no lo era en el grado de intimidad necesaria que le hubiera obligado a abstenerse. Dado su grado de imparcialidad y objetividad puede terminar de magistrado en el Tribunal Supremo. También aparece en escena Mariano Rajoy, en plena dedicación a apostar en que los trajes no son delito y, en todo caso, no pueden serlo por cuanto al presidente Camps no le caen tan bien como el Armani que lucía Cayetano en la Goyesca de este año ni le acercan por mucho que algún modisto famoso discutiera las hombreras del traje de Cayetano. No cabe comparación entre una percha y otra.
En fin, que cualquiera de los que tienen la amabilidad de leerme pensará que voy a hablar del PP, de El Bigotes, de la trama para el vestir, de las hombreras de Cayetano o, tal vez, de las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados (por cierto el CGPJ está conociendo una denuncia contra el magistrado De la Rúa). No. Nada más lejos de mi intención. Voy a hablar de los "amiguitos del alma". La razón es sencilla: amiguitos del alma hay en todos lados, no es privativo de El Bigotes y Camps, y si no que se mire un poco al caso Mercasevilla. Aparecen director gerente, ex director que sigue en activo y algunos más por los delitos de cohecho, prevaricación, fraude de los funcionarios públicos, coacciones y uso a fondo perdido de tarjetas de crédito públicas. En el fondo, que es más que en el alma, se investiga si unos individuos concedían subvenciones y beneficios a cambio de que 450.000 euros quedaran olvidados en una maleta.
Es de alabar, pues no siempre, y ahí están todos los casos de corrupción urbanística en los que alcaldes, concejales y empresarios han ido de la mano y se han enriquecido, que a quienes intentaron extorsionar grabaran las conversaciones de la extorsión. Y en este punto no debemos ignorar, por mucho que se empecine el PP, que las grabaciones se entregaron en la Consejería de Empleo, como tampoco que esta consejería, esto es la Junta de Andalucía, las puso de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Pues bien, ahora se lee en determinados medios de siempre que la Junta y el Ayuntamiento estaban de acuerdo, y que los presuntos chorizos no son los imputados sino los que denuncian. Absurdo que el denunciante se denuncie. Tampoco es extraño leer interpretaciones jurídicas complejas en estos medios, determinando el alcance de los preceptos el periodista de turno, como si De la Rúa fuera, pero al revés.
En fin que lo importante es exigir responsabilidades políticas, que sin duda las hay, y no penales para obtener rentabilidad política y tapar armanis o espionajes. Pero, realmente y sin obviar estas responsabilidades y para exigirlas con más acierto, podíamos preguntar quiénes nombraron a estos artistas, a propuestas de quién o quiénes; quién exigió, en virtud de acuerdos de gobierno, si los hubo, que se les nombrara director o director gerente; qué méritos; qué capacidad y que cualificación tenían para ostentar los cargos que han venido desempeñando con tanta irresponsabilidad, y qué mecanismos de control han sido burlados.
Mira que si en el fondo, como en el caso de El Bigotes y tantos otros, sólo se reduce a ser amiguitos del alma. Si es así, sólo queda preguntarse dónde está el otro o los otros amiguitos y qué entienden estos amiguitos por alma. Aquí sí hay responsabilidades políticas a las que se debe hacer frente. Mientras se exigen o no, enhorabuena a estos empresarios que buscan un beneficio sin arañar lo público ni dejarse coaccionar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de septiembre de 2009