La fiscalía considera que todas las supuestas irregularidades cometidas por Fèlix Millet al frente del consorcio del Palau, la Fundación Orfeó Català y el mismo Orfeó Català que han aflorado en los últimos días y las que pudieran aparecer deben ser investigadas por la justicia.
Ésa es la postura que sostiene Emilio Sánchez Ulled, el fiscal del caso, quien ha remitido al Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona un escrito en el que solicita que no limite sus indagaciones a los hechos descritos en la querella presentada en el mes de julio, en la que se relataba un posible desvío de 2,29 millones de euros de fondos públicos durante los años 2003 y 2004.
La fiscalía considera que después de que las administraciones nombraran un nuevo gestor del Palau se han conocido tres hechos que podrían ser delictivos: la venta por tres millones de euros de los bajos de un edificio propiedad de Millet y situado en el número 12 de la calle de Sant Pere més baix al mismo Orfeó Català por el doble del valor en el que fue tasado; la asignación en 2008 de un sueldo de 1,6 millones de euros al ex director del Palau de la Música y una compleja operación urbanística entre el Ayuntamiento y la Generalitat para construir un hotel de lujo al lado del Palau.
"Nuevos frentes"
"La investigación judicial no puede obviar esos nuevos frentes y nadie puede asegurar que no surgirán otras operaciones oscuras en las que aparezcan sociedades pantalla o pagos irregulares que en su día escaparon a cualquier control", aseguran fuentes de la fiscalía. En el centro de todas las sospechas se sitúan, además de a Millet, al director administrativo, Jordi Montull, y a su hija, Gemma Montull, directora financiera del Palau de la Música.
Son tres de las cinco personas contra las que se querelló el fiscal por los supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, aunque el juez del caso, Juli Solaz, todavía no ha decidido si los imputa y los llama a declarar.
Los otros dos querellados son personas con atribuciones sobre las finanzas del Orfeó y del Palau que ocupaban cargos de gestión administrativa y que firmaron diversos documentos que facilitaron el desvío del dinero y otras operaciones supuestamente ilegales. La duda que pesa sobre ellos es si firmaron esas autorizaciones de pago a sabiendas y de que así estaban participaron en los supuestos delitos o simplemente acataron las órdenes de Millet y Montull y desconocían el alcance que podía tener su actuación.
La fiscalía considera que la aparición de nuevos hechos que pudieran ser delictivos podría ser investigada por el juez sin necesidad de ampliar la querella inicial. En ese texto ya se advierte, como suele ocurrir en esos casos, que el juzgado también indagará los hechos derivados de la investigación inicial o durante la tramitación de la misma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de septiembre de 2009