Esquerra (ERC) quiere promover mociones de apoyo al referéndum independentista convocado en Arenys de Munt (Maresme) para este domingo y ya ha empezado a mover ficha, casualidad o no, en la institución más importante que gobierna Convergència i Unió (CiU). La sección local del partido independentista en Sant Cugat del Vallès empezará las gestiones para sondear qué entidad de la ciudad quiere organizar una consulta o qué partidos le darían apoyo. La réplica no se ha hecho esperar y el portavoz de CiU en el Consistorio, Joan Recasens, pidió que nadie intente sacar rédito de una iniciativa de la sociedad civil.
"Entendemos que no es bueno que ningún partido quiera capitalizar la propuesta de la sociedad civil en un pueblo determinado. Otra cosa", matizó Recasens en SantCugat.cat, "es que nosotros estemos de acuerdo en que se pueda consultar a quien se quiera y sobre lo que se quiera. Ya nos hemos manifestado al respecto sobre esto". Las Joventuts Nacionalistes, rama juvenil de Convergència, anunció ayer que colaborará con las entidades que quieran organizar consultas.
Manuela de Madre critica a Castells por rechazar la subida de impuestos
Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat, evitó pronunciarse aunque se verá forzado a hablar en el pleno. CiU gobierna con mayoría absoluta con 14 concejales. La oposición está fragmentada en cuatro grupos: PSC (4), ICV-EUiA (3), PP (2) y ERC (2). "La vocación es que la organización de la consulta sea lo más plural posible", dijo Andreu Freixes, de ERC, de Sant Cugat. "Las reacciones contrarias son un déficit democrático del Estado".
El referéndum se ha convertido en el último culebrón del verano y el Consell Executiu intentó ayer mantenerse al margen. "No tenemos nada que decir porque es una consulta no regulada por ninguna normativa", despachó Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas, en alusión a que es una votación convocada por una ente privado. Su postura tiene poco que ver con la del Gobierno central, que apoyó el recurso en contra del abogado del Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avisó que el referéndum "no tiene cabida en la Constitución". Y el ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, lo calificó de "falso" y de querer presionar al alto tribunal por el fallo sobre el Estatuto.
Pese a la opinión del tripartito, el PSC se alineó con el Gobierno central. "El Estado ha hecho lo que tenía que hacer", alegó Manuela de Madre, presidenta del grupo socialista en el Parlament, que calificó de "frivolidad" organizar una consulta con la actual crisis. "Un debate identitario nos causa estupor". "Una entidad puede preguntar lo que quiera, pero las instituciones deben guardar las leyes, nos guste o no". De Madre acabó mostrando su "sorpresa" con el consejero de Economía Antoni Castells por rechazar la subida de impuestos.
Arenys de Munt está decidido a celebrar el referéndum al margen de lo que decida la juez. El alcalde, Carles Mòra, hizo ayer esta comparación al recordar que el abogado del Estado fue candidato por la Falange en la década de 1990: "Es como si un abogado ex nazi fuera el encargado de decir si un israelí es culpable en un juicio", apuntó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de septiembre de 2009