La Comunidad no se conmueve. No piensa mover ni una coma ni consensuar la ley de La Cañada. "Lo que argumentan los ayuntamientos son excusas injustificables", afirmó David Pérez, portavoz popular en la Asamblea. Los ayuntamientos afectados por las modificaciones de la ley regional de La Cañada -Rivas, Madrid y Coslada- rompieron el pasado lunes formalmente el pacto alcanzado el pasado 7 de julio para reordenar la larga senda de construcciones ilegales que discurre por sus poblaciones. No están de acuerdo con el texto propuesto por la Consejería de Medio Ambiente. Los municipios consideran que se ha alterado sustancialmente el contenido del plan consensuado a principios de julio. Estiman que poner un plazo de dos años a la venta de los terrenos si no se han resuelto los problemas sociales es una trampa. Un pequeño cambio que supone una importante diferencia.
Los municipios creen que la norma permite a los 'narcos' quedarse en la vía
"El problema es que nosotros hemos hablado con los vecinos", reiteran Esperanza Aguirre, presidenta regional, Pérez e Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, que tachó de "cínica, frívola y oportunista" la discrepancia de los ayuntamientos. Aguirre mantuvo a finales de julio una reunión con una asociación de vecinos de uno de los sectores de la vía. Una charla que no se tradujo en ningún compromiso concreto. Esos mismos vecinos, algunos de los del sector IV de la senda, pidieron ver a Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, pero no fueron recibidos.
Los municipios afectados sugieren que la Comunidad tiene algún interés en que los terrenos sean adquiridos por algunos de sus actuales moradores. Y, dicen, les da miedo que los habitantes de la zona que se dedican al tráfico de drogas o de armas compren buena parte del terreno usando a testaferros para hacerlo. Piensan que el sistema adecuado es del realojo de todos los que acrediten llevar un tiempo en la zona, y no el que puedan quedarse allí mismo.
Por eso, han advertido de que la calificación del suelo dependerá de ellos una vez desafectada la vía. Y de que piensan calificar todo de zona verde, con imposibilidad para edificar.
En un tono más moderado, pero en el mismo sentido que Pérez o Aguirre, el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, advirtió que el proyecto seguirá adelante con consenso o sin él, aunque dijo estar seguro de que ese acuerdo se alcanzará. "Que digan qué quieren cambiar del texto, pero que no digan que ha habido un engaño", comentó Granados.
Esperanza Aguirre zanjó la discrepancia municipal con una somera descripción de sus intenciones al elaborar un reglamento para la vía pecuaria: "Como en los últimos 50 años el ganado no ha pasado por allí en absoluto, propuse a los ayuntamientos explorar una vía para que dejara de ser vía pecuaria y pasara a ser bien patrimonial de la Comunidad de Madrid, para que fueran los ayuntamientos, a quienes corresponden las competencias urbanísticas, los que decidieran qué uso quieren dar a esa zona: alojamiento, dotacional, verde, deportivo...", explicó la líder popular, que niega que se haya modificado el texto consensuado en su momento con las ciudades afectadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de septiembre de 2009