Optimizar el parque oficial de automóviles y que cada funcionario utilice su coche con apoyo económico de la Administración son dos de las opciones que la Junta baraja, al margen del autobús, para sustituir los taxis que hasta ahora utilizaban los funcionarios de los juzgados para entregar las notificaciones.
La medida, que ha causado gran preocupación entre jueces, fiscales y secretarios por los retrasos que originará, está previsto que suponga un ahorro de dos millones y está siendo estudiada por la Consejería de Justicia. Ayer el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, se reunió con representantes de la judicatura, los secretarios y el ministerio público para estudiar posibles alternativas. "Es más cómodo ir en taxi, pero a pesar de que genera inquietud, es una medida que puede suponer reutilizar esos recursos". Izquierdo aludió a la posibilidad de generar 40 nuevos empleos con el ahorro logrado.
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, alertó sobre que hay lugares donde el transporte público no puede llegar y que ciertos procedimientos judiciales implican una "celeridad". José Luis Fernández, del sindicato STAJ, alertó de que la medida derivará en un "colapso total" de los servicios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de septiembre de 2009